Julio R. García-Merlos G.
Twitter: @jgarciamerlos

La crisis financiera de 2008 en Estados Unidos tiene sus raíces en la intervención estatal en el mercado inmobiliario. En 1999 El Gobierno de Estados Unidos promovió el otorgamiento créditos hipotecarios a personas que no hubiesen calificado sin la ayuda del gobierno. Esta política se implementó por la administración Clinton, a través de las entidades Fannie Mae y Freddie Mac, para ayudar a personas de escasos ingresos, adquirir vivienda. Como parte del plan, el gobierno incentivó créditos hipotecarios sin enganche, permitiendo a personas que no tenían ahorros, comprar casas. Adicionalmente se dieron dos ingredientes más para la receta de una crisis financiera: 1) La Reserva Federal de EE. UU. aumentó la emisión monetaria, lo que bajó las tasas de interés. 2) Se implementaron políticas estatales para hacer accesible los créditos bancarios a minorías como afroamericanos e hispanos, bajo supuestas acusaciones de racismo. La intervención estatal creó una demanda artificial en el mercado inmobiliario, disparando los precios hacia arriba, lo que contribuyó a que especuladores invirtieran en bienes raíces con la intención de obtener réditos arbitrando con los mismos.

Las políticas antes referidas parten de premisas falsas y propuestas populistas como estas: “Alquilar es tirar el dinero”; “La tierra nunca pierde valor”; “Vivienda para todos”, etc. Son políticas y propuestas atractivas, por ello son acogidas por muchos sectores. Las personas aplican para un préstamo que antes no podían obtener y se ilusionan con la idea de que son dueños de su casa, sin darse cuenta de que se han comprometido a una deuda que no podrán pagar. Los bancos prestan dinero por medio de créditos bancarios garantizados por el gobierno, por lo que el riesgo para ellos se reduce. El sector de la construcción aplaude el boom, aunque no ven el riesgo de esos créditos altamente riesgos. Los políticos ofrecen vivienda para todo el mundo, lo que es bueno para las campañas electorales.

Para finales de 2006 los precios del mercado inmobiliario cayeron dramáticamente y las ejecuciones hipotecarias habían escalado a un alarmante 43%. El mercado inmobiliario se desmoronó y el sistema financiero colapsó. La razón principal: Políticas gubernativas que permitieron a personas gastar dinero que no tenían.

En Guatemala parece que no aprendemos de los errores de otros países. Con argumentos como “El acceso a una vivienda digna es un derecho humano”, “Para reducir el déficit habitacional”, “Para facilitar el acceso a la vivienda social”; está a punto de aprobarse la iniciativa 4818 Ley de Interés Preferencias para Acceso a la Vivienda Social, con la cual usted amigo contribuyente pagará con sus impuestos una buena parte de las tasas de interés de personas que quieran comprar casas con un valor menor a US$50 mil.

Este proyecto de ley es un claro ejemplo de la arrogancia socialista, de quienes piensan que papá Estado es más inteligente que el resto de los ciudadanos y proponen cosas como “todo el mundo debe ser dueño de su vivienda” y hacen proyecciones jugando a adivinos y directores del mercado. Ya vimos las consecuencias que estas políticas intervencionistas tuvieron en EE. UU., seguramente en Guatemala estas interferencias van a distorsionar el mercado y lejos de lograr su objetivo, destruirán valor.

Cada uno puede aspirar a ser dueño de una vivienda, para ello es necesario crear las condiciones de prosperidad, para que las personas podamos producir lo suficiente para comprarla con el producto de nuestro trabajo. Amigo lector, le dejo algunas preguntas: ¿Está usted de acuerdo en pagar con sus impuestos las tasas de interés para que otros compren su vivienda? ¿Quiénes ganan con esta ley? ¿Quiénes pierden con esta ley?

* Este artículo fue publicado en las ediciones física y digital del Diario La Hora. La imagen que la ilustra es del mismo diario.