Propuesta de abogados litigantes a la Corte Suprema de Justicia para el establecimiento de criterios procesales y de gestión judicial ante la crisis provocada por el COVID 19

Vista del Palacio de Justicia en la Ciudad de Guatemala. Foto del DCA.

Como ciudadanos estamos plenamente conscientes que la crisis sanitaria que actualmente enfrentamos requiere la adopción de todas las medidas a nuestro alcance para promover el aislamiento social de carácter preventivo, con el objeto de reducir el impacto que esta pandemia puede generar con relación a la salud e integridad de los guatemaltecos.

Sin embargo, como abogados litigantes, también reconocemos que la administración de justicia penal constituye un servicio esencial, a través del cual se materializa la protección y reivindicación de derechos fundamentales, razón por la cual se deben adoptar todas las medidas pertinentes para garantizar la continuidad en su funcionamiento.

En ese sentido y con el ánimo de contribuir de manera desinteresada, se realiza la presente propuesta a la Corte Suprema de Justicia, para que, si esta lo estima conveniente, pueda establecer una serie de criterios de gestión judicial y de aplicación procesal, que permitirían al Sistema de Justicia Penal Guatemalteco continuar prestando el servicio, sin dejar de atender las medidas de prevención que requiere la pandemia que actualmente enfrentamos.

El objeto principal de los criterios acá propuestos es brindar mecanismos que contribuyan a descongestionar los órganos jurisdiccionales, como consecuencia de la actividad irregular que se ha desarrollado en las últimas semanas.

Adicionalmente, ante la incertidumbre con relación al tiempo que tomará resolver la crisis sanitaria que atravesamos, consideramos que de manera temporal el Organismo Judicial debe considerar la adopción de algunas medidas de trabajo que permitan reducir el riesgo de contagio de su personal judicial y administrativo, de los demás sujetos procesales y los usuarios, sin dejar de prestar el servicio de administración de justicia.

De esa cuenta, a continuación, presentamos para consideración de la Corte Suprema de Justicia, los siguientes criterios procesales y de gestión judicial, de aplicación temporal, en atención a las políticas sanitarias que se instituyan en el futuro.

La propuesta fue presentada el 20 de abril de 2020 ante la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia.

1. Criterios procesales y medidas de gestión judicial

a) Órganos jurisdiccionales de turno

En atención a la situación sanitaria que enfrentamos, los distintos juzgados de turno deberán privilegiar la atención de aquéllas cuestiones relacionadas con la integridad de las personas, la privación de libertad, delitos contra la vida, la libertad y la propiedad, violencia intrafamiliar y violencia contra la mujer, delitos contra la salud pública (especialmente aquéllos relacionados con conductas que contravengan al sistema de prevención y atención sanitaria que ha sido establecido por el Organismo Ejecutivo).

Priorización en el tratamiento de las causas

Todos aquellos órganos jurisdiccionales que no sean de turno, durante la vigencia de las medidas temporales que se adopten y con el objeto de descongestionar la carga de trabajo y reducir la mora judicial, deben procurar atender de manera prioritaria aquellos casos que, de acuerdo con la solicitud realizada por el Ministerio Público, plantean la posibilidad de solución a través de alguno de los mecanismos alternos al proceso penal ordinario que contempla el código respectivo. (Identificar claramente los procesos.)

b) Horarios y formas de atención

En coordinación con las disposiciones que emita el Organismo Ejecutivo, se debe considerar la reorganización del horario de trabajo de los órganos jurisdiccionales que permita atender de manera eficiente el servicio de administración de justicia, debiendo implementar la Corte Suprema de Justicia, la atención a todos los usuarios por medios electrónicos, dejando solo los casos presenciales como excepcionales y en atención a necesidades específicas de los mismos.

c) Actuaciones procesales escritas

Estamos conscientes que uno de los grandes logros y esfuerzos del Sistema de Justicia Penal Guatemalteco, ha sido la instauración de un sistema procesal acusatorio que privilegia, en un alto porcentaje la oralidad como criterio fundamental de actuación dentro del proceso penal. Sin embargo, ante la crisis sanitaria que enfrentamos, se hace necesario considerar de manera temporal la adopción de algunos criterios que permitan el planteamiento y resolución de algunas cuestiones por escrito, aspecto permitido en nuestro código, con el ánimo de promover la protección y respeto de los derechos y garantías de los sujetos procesales que, actualmente, se encuentran en un limbo y requieren de una decisión judicial.

Tomando en cuenta que en la actualidad el sistema de audiencias orales está colapsado, y es práctica de algunos juzgados que muchas peticiones se resuelven por escrito, por ejemplo, las solicitudes de autorizaciones para salir del país y las actividades procesales defectuosas, las medidas precautorias contenidas en el artículo 278 del Código Procesal Penal, inconstitucionalidades en caso concreto, solicitudes de renovación de actos y rectificación y otras de similar naturaleza. En ese sentido, se propone conformar una mesa técnica para elaborar un listado de solicitudes y actuaciones que pudieran desarrollarse y resolverse de manera escrita, con el objeto de evitar la innecesaria aglomeración de personas en los órganos jurisdiccionales y propiciar la continuidad de la administración de justicia.

d) Audiencias que puedan ser desarrolladas por videoconferencia

Como se ha dicho en apartados anteriores, uno de los objetivos de la presente propuesta en atención a la situación que atravesamos, es promover el teletrabajo y la continuidad en el servicio esencial de administración de justicia. De esa cuenta, se plantea que las máximas autoridades promuevan la identificación de aquellas audiencias que, por su naturaleza y aspectos operativos de implementación, puedan desarrollarse por medio de videoconferencia.

Tomando en cuenta que la videoconferencia ya es una herramienta permitida por el Código Procesal Penal para la declaración de peritos y testigos en distintas etapas procesales, lo que garantiza el principio de INMEDIACIÓN procesal, elemento esencial de nuestro proceso acusatorio, consideramos que dicha herramienta digital, se podría implementar en aquellos casos donde las partes procesales expresamente manifiesten su deseo de resolver la situación que se plantea al juez por medio de videoconferencia.

Durante el desarrollo de todas estas audiencias, por existir acuerdo entre las partes, se debe procurar la respectiva delimitación de tiempo de duración de éstas, invitando a que las partes utilicen de forma prudencial el tiempo que tienen para su intervención, basado en los principios de INMEDIATEZ, CONCENTRACIÓN y CELERIDAD propios del procedimiento penal guatemalteco.

e.1) Aplicación de salidas alternas al proceso penal

Se propone como una medida inicial que las audiencias referentes a la resolución de los casos por vías alternas al procedimiento penal ordinario puedan ser celebradas en forma remota. En el entendido que, previo a la celebración de dicha diligencia, las partes han manifestado el cumplimiento con los requisitos que exige la ley para la aplicación del mecanismo alterno de solución, y su conformidad con la utilización de la videoconferencia.

A través de esta modalidad podrían resolverse los casos que ameriten la aplicación de criterio de oportunidad, suspensión condicional de la persecución penal, extinción de la persecución penal y la aplicación del procedimiento abreviado.

e.2) Tramitación de incidentes, Obstáculos a la Persecución Penal y Excepciones

Adicionalmente, se plantea que puedan ser celebradas por medio de videoconferencia, aquellas audiencias a las que hace alusión el trámite de incidentes establecido en el artículo 150 Bis del Código Procesal Penal, salvo el caso de la Cuestión Prejudicial, que la Ley establece que deberá ser planteada por escrito.

e.3) Diligencias fuera de la sede judicial

Para garantizar el derecho a la salud e integridad de los funcionarios judiciales, se deben adoptar medidas tendientes a evitar el traslado de los jueces a lugares fuera de su judicatura (hospitales, UME en el Ministerio Público, almacenes de evidencias o cualquier otro lugar donde deban realizarse diligencias judiciales), y que el juez se auxilie para el efecto de los distintos auxiliares de los tribunales de justicia que reconoce la Ley del Organismo Judicial, realizando dichas diligencias también a través de videoconferencia.

2. Medidas de resguardo de la salud e integridad del personal

La implementación de todas las medidas antes descritas requiere, adicionalmente, que las máximas autoridades del Organismo Judicial puedan proveer al personal judicial y administrativo, de todos los insumos y medidas tendientes al resguardo de su salud e integridad. En ese sentido, deberá tener especial atención con el personal que responda a los perfiles de mayor vulnerabilidad que han expuesto las autoridades del Ministerio de Salud.

3. Sistema de notificaciones

Se exhorta a las autoridades del Organismo Judicial a adoptar, de manera prioritaria, todas las acciones que requiera la implementación y masificación del uso de un sistema de notificaciones electrónico, en atención a lo que ya contempla el segundo párrafo del artículo 160 y el 173 del Código Procesal Penal.

4. Coordinación interinstitucional

Ante la situación que actualmente atravesamos, se hace necesario establecer mecanismos de colaboración y coordinación interinstitucional con el Ministerio Público, Ministerio de Gobernación, Instituto Nacional de Ciencias Forenses, Instituto de la Defensa Pública Penal, Procuraduría General de la Nación, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y cualquier otra institución que participe en los distintos procesos y que viabilicen la implementación de las medidas acá propuestas u otras que surjan de las discusiones técnicas.

5. Establecimiento de un gabinete de crisis

Se propone que la Corte Suprema de Justicia adopte un mecanismo/comisión de trabajo especializado para la atención de la crisis, que permita evaluar la implementación y seguimiento de las medidas que se adopten para atender los servicios de justicia en el marco de la pandemia de Covid-19 que enfrentamos.

Como se expuso al inicio del presente documento, nuestra preocupación como ciudadanos y abogados frente a la situación que enfrentamos nos motiva a plantear esta iniciativa, conscientes de que ahora más que nunca el país necesita de todos nosotros. En ese sentido, los suscritos manifestamos nuestra plena disposición a apoyar y participar del trabajo que desarrolle el Organismo Judicial y demás entidades del sector justicia, para hacer frente a la crisis.

ABOGADOS:

Juan Rodolfo Pérez Trabanino                                      Juan Francisco Solórzano Foppa

Julio Roberto García-Merlos G.                                                        Carlos Paz Archila

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