Hay cierto paralelismo entre el estado del sistema de justicia y el del sistema de salud en Guatemala. Antes del inicio de la pandemia del coronavirus estaban colapsados y ante esta situación extraordinaria no han sido capaces de adaptarse con la velocidad requerida para atender a sus usuarios.

En nuestro país existen pocos estudios en materia de eficiencia y análisis de la gestión judicial en forma global. Los procesos que han tenido atención desde la academia y la sociedad civil han sido de naturaleza penal, entre estos, el más importante es un flujograma de justicia criminal que publicó el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) en el 2019 en el que determinó que la eficiencia global del sistema de justicia penal era del 33.2%.

El estudio reseñado planteaba como pasos a seguir en la mejora del sistema, el establecimiento de metas de eficiencia, la creación de una plataforma para la consolidación de indicadores y la provisión de los recursos necesarios para garantizar la inversión en estas importantes instituciones. Por rama solo se pueden analizar estadísticas generales que publica el Organismo Judicial, estas arrojan datos reveladores sobre la celeridad y calidad de la gestión.

Repasemos los últimos que publicaron en 2018 para las ramas civil y laboral en primera instancia. En la rama civil ingresaron 46,019 casos, mientras que se resolvieron 2,610 en sentencias y 6,079 por otras vías. Por su parte, en la rama laboral ingresaron en aquel año 18,933 nuevos casos, 5,157 sentencias y 3,396 resoluciones por otras vías.

Estos datos dan una idea de la proporción de carga de nuestro sistema de justicia y ahora encima de todo esto se pone a prueba su capacidad enfrentar la crisis.

El Organismo Judicial inicia con la modalidad de teletrabajo y algunas audiencias virtuales, aunque existe reticencia por parte de algunos de sus funcionarios y sindicato, los procesos se siguen acumulando y la capacidad de las judicaturas se ve sobrepasada. Durante esta crisis, la mayor parte del sistema de justicia ordinaria se encuentra paralizado, solo atienden cuestiones urgentes y trámite de garantías constitucionales. La justicia no se garantiza como servicio esencial, mientras que la carga de la jurisdicción constitucional se aumenta, por su relativa mayor eficiencia (por ley todas las horas y días son hábiles) y su función de válvula de escape ante la ineficiencia del sistema de justicia ordinaria.

En el ámbito de la justicia constitucional, la Corte de Constitucionalidad ha puesto a todo su personal a trabajar desde casa con la excepción de unos cuantos funcionarios encargados de la atención al público. En el máximo tribunal permanente de jurisdicción constitucional, dotaron a sus notificadores de equipo de protección especial y emitieron un acuerdo por el que simplifican el proceso de adhesión a las notificaciones de su casillero electrónico, aunque siempre ha existido una mora considerable en estos procesos y se cuestiona la prioridad que le dan a ciertos casos sobre otros, estos son aspectos importantes de mejora en medio de la emergencia sanitaria.

Si durante la normalidad era difícil encontrar justicia pronta y cumplida en Guatemala, en tiempos de coronavirus se dificulta más. En nuestro país el coronavirus no impacta solo la salud y la economía, sino también dificulta el acceso a la justicia e impacta en nuestro escuálido Estado de derecho.

Este artículo fue publicado originalmente el 25 de mayo de 2020 en el Diario La Hora. La foto que lo ilustra es de Wikimedia Commons.