Julio García-Merlos
@jgarciamerlos

Una reforma constitucional en materia de justicia es como el diseño de una obra de arquitectura, necesita mucha planeación, ejercicios sobre la funcionalidad de las áreas y definir desde un inicio todos los detalles. No es una buena planificación diseñar la obra gris y luego sobre la marcha ir decidiendo donde irán las tuberías, las conexiones eléctricas o los muebles.

La reforma constitucional necesita que se debata sobre la funcionalidad del nuevo sistema que se pretende instaurar. No basta con cambios a 2 o 3 artículos de la Constitución, no se trata simplemente de un cambio al sistema de elección de magistrados, sino la definición de una verdadera carrera judicial y de las implicaciones que nombrar magistrados por períodos más largos tendrá en el sistema de justicia. Debe definirse con detalle todo el sistema, incluso las leyes ordinarias y reglamentarias que desarrollarán las reformas constitucionales. No discutir a detalle el nuevo sistema, sería equivalente a definir únicamente la obra gris de una construcción. Esta vez no debemos caer en la tentación de hacer algo apresurado e improvisado, ya que su fracaso sería previsible.

Con motivo de la entrampada elección de magistrados para las altas cortes en Guatemala surge de nuevo la discusión sobre la reforma constitucional en materia de justicia. Una parte del foro jurídico aplaudía -algunos aún lo hacen- las decisiones de la Corte de Constitucionalidad que afectaron el proceso y lo retrasaron. Su motivación principal no era una aparente concordancia con los antojadizos métodos de interpretación constitucional que han rebasado todo límite, sino que era una respuesta a la coyuntura nacional. A su juicio, el retraso en la elección de cortes encausaría la reforma constitucional, incluso algunos pedían que la actual elección de cortes no se realizara hasta que se lograra la reforma.

No contaban los colegas con la aparición de la pandemia del coronavirus y lo que esta crisis ha representado para la escuálida institucionalidad nacional. La emergencia ha develado la precariedad de un sistema de justicia colapsado que tenía márgenes de eficiencia escasos y un alto nivel de impunidad, que con las restricciones impuestas se ha elevado aún más e impacta la vida de miles de ciudadanos con su disfuncionalidad sin parangón.

En medio de todo esto, hace algunos días sin mayor formalidad, se difundieron unas diapositivas que contienen algunos aspectos de la propuesta de reforma constitucional que avala el Organismo Ejecutivo. Sobre este documento coincido con la opinión vertida por el doctor Eduardo Mayora quien en dos artículos de opinión recientes, consideró que se trata de palabras sin significado, que con esta propuesta no se resuelve el problema de fondo y se mantiene a grandes rasgos el mismo esquema que nos llevó a esta situación empantanada.

¿Cuál es el objetivo del Organismo Ejecutivo con presentar una propuesta, improvisada, en estos momentos? ¿Buscarán prolongar en sus funciones a las actuales Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones? ¿Será una táctica en medio del proceso de elección actual? ¿Acaso será distraer a la opinión pública para que no se concentre en los bajos niveles de ejecución presupuestaria y la extensión record de las medidas restrictivas a nuestra libertad?

Estamos en una situación complicada: Sin magistrados nuevos electos y con el sistema de justicia casi paralizado, es necesario elegir a las altas cortes. Luego puede pensarse en el debate, discusión, consenso y propuesta de las ansiadas reformas; las cuales tomarán no menos de un año, ya que requieren de aprobación en consulta popular.

Este artículo fue publicado originalmente el 22 de junio de 2020 en el Diario La Hora. La imagen que lo ilustra es del Diario República GT.