Julio García-Merlos
Twitter: @jgarciamerlos

La dama de la justicia se encuentra en un laberinto desde hace varios meses. Todo gracias a algunos interesados en inducir esta crisis para avanzar sus intereses políticos; recordemos a quienes querían suspender la elección de cortes, hasta que se reformara la Constitución.

Mañana se cumplirá un año desde que se venció el período constitucional para el que fueron electos los actuales magistrados de la Corte Suprema Justicia. El juego político mantiene estancado el proceso de elección a pesar del llamado a elegir de distintos actores, quienes nos hemos cansado de analizar, discutir y llamar a que se cumpla a la brevedad con lo que manda la Constitución. Por si eso fuera poco, ahora el nuevo foco de la crisis se centra en la integración de la Corte de Constitucionalidad, tema alrededor del cual se vierten criterios contrapuestos respecto a la ausencia de tres magistrados del alto tribunal y las condiciones para el ejercicio de sus funciones.

En esta oportunidad no voy a entrar en esa última discusión, pero quiero hacer ver dos puntos importantes en los que parece haber coincidencia: a) es necesario que se declare a la brevedad la cesantía del magistrado Neftaly Aldana dada su grave condición de salud; b) es urgente que tanto la asamblea del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) y la Corte Suprema de Justicia, elijan a los magistrados que les corresponde para integrar la Corte de Constitucionalidad. Ambos temas son importantes y responden a la condición esencial referente a que se encuentren en funciones los magistrados en la forma que dispone la Constitución.

A pesar de esto, las organizaciones que integran Alianza por las Reformas se pronunciaron hace unos días indicando que no consideraban necesario que se convocara a elección por la asamblea del CANG derivado de la emergencia sanitaria en la que nos encontramos. A inicios del mes de julio, los ciudadanos de República Dominicana asistieron a las urnas para elegir a su nuevo presidente, en una semana los chilenos votarán en un plebiscito sobre reforma constitucional y en alrededor de veinte días se movilizarán millones de estadounidenses para participar en su proceso electoral. Es decir, que los países se están adaptando a las circunstancias porque los mecanismos democráticos e institucionales no pueden detenerse, y esa misma lógica se debe seguir en Guatemala. Poco a poco se revela que ciertas organizaciones y actores no tienen como prioridad el cumplimiento de las normas constitucionales, poco o nada les importa el respeto a la institucionalidad, que simplemente ponen sus intereses primero y se pronuncian en forma inconsistente, según la coyuntura.

Misma lógica se aplica para los magistrados renuentes a declarar la cesantía de su par, quienes pretenden no tomar en cuenta la solicitud que formuló la familia y los medios científicos que pueden tener a su disposición para hacer la declaratoria conforma a la Ley de Amparo. Esta situación demanda un profundo sentido de responsabilidad y respeto.

En fin, se debe declarar la cesantía del magistrado Aldana y la Corte Suprema de Justicia convocar para llenar las dos vacantes lo más pronto posible. Al igual, el CANG debe realizar la convocatoria respectiva. Ya se debe acabar este ajedrez político en el que nadie gana, pero si pierden los usuarios del sistema de justicia en tanto se deteriora la institucionalidad y lo que queda del Estado de Derecho.

Este artículo fue publicado originalmente el 12 de octubre de 2020 en el Diario La Hora. La foto que lo ilustra fue tomada de Pixabay.