Julio García-Merlos
@jgarciamerlos

Desde hace unos años llegó a la esfera de la administración pública guatemalteca una solución eficiente que cambiaría la forma en la que el Estado presta algunos servicios públicos, se trata del modelo de Alianzas Público-Privadas (APPs) para el desarrollo de infraestructura económica, que encuentra su base en una ley que se aprobó en el año 2010 con la que se creó una agencia especializada. Este modelo ha probado ser eficiente para la creación de las condiciones que propicien el desarrollo económico, el ejemplo de Perú es el más emblemático, un país que ha conseguido generar cuantiosos montos de inversión e incrementar la eficiencia en sectores que tradicionalmente han estado controlados por el gobierno. En Guatemala, la ley se emitió con el fin de generar un marco general para que el gobierno pudiese concesionar la prestación de ciertos servicios y recibir a cambio obra pública de buena calidad, variando los términos en cada transacción.

Pasó una década desde la creación de la normativa y no se ha podido aprobar el primer proyecto mediante este modelo. En el año 2019, la legislatura pasada del Congreso de la República le dio un portazo a la propuesta de rehabilitación de la carretera que va desde Escuintla a Puerto Quetzal, a pesar de que la obra contaría con apoyo técnico del gobierno de Estados Unidos. Para fortuna de los guatemaltecos en esa oportunidad se incurrió en vicios de forma en el proceso legislativo ya que no se respetó el artículo 72 Bis de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo que impone la obligación de verificar cuórum cuando algún diputado lo solicite; en esa oportunidad lo hizo el diputado Oliverio García Rodas y se desatendió su solicitud. Por esta razón, la Corte de Constitucionalidad otorgó la protección de amparo en un proceso de única instancia que promovió una empresa interesada.

En la sentencia respectiva, la Corte de Constitucionalidad ordenó que el Congreso volviera a conocer sobre el proyecto en tercera lectura, este no la ha hecho, como ya se volvió costumbre ante las exhortaciones del tribunal constitucional. En lugar de cumplir la sentencia, se incluyó una partida de 222 millones de quetzales en el controversial presupuesto que se aprobó para el siguiente año, esto para que la construcción de esa autopista sea realizada a través del modelo tradicional de contratación pública, deficiente y altamente vulnerable a la comisión de actos de corrupción. Todo esto pareciera indicar que el proyecto será improbado y se deberá pagar una indemnización al consorcio involucrado.

Otra vez, los diputados sobreponen sus intereses a los del país y no permiten que se ejecute este modelo caracterizado por su celeridad, transparencia y eficiencia.

En Guatemala hay dos grupos principales que están en contra de este modelo, la izquierda radical y quienes se benefician de la corrupción endémica que tanto afecta al país. Abrir la puerta a la modernización del Estado y de la contratación pública propiciará más transparencia, irónico que quienes se dicen promotores de la lucha contra la corrupción se opongan veladamente a las APPs y de los otros, no se espera nada, pues la corrupción en la construcción de obra pública es su gallina de los huevos de oro.

Este artículo fue publicado originalmente el 14 de diciembre de 2020 en el Diario La Hora. La imagen que ilustra la entrada fue tomada de República GT.