Estos últimos días del año se caracterizan por estar dedicados a la evaluación, un proceso de análisis que se da a nivel personal, institucional y en el caso quienes nos interesamos por la cosa pública, se realiza un análisis de la forma en la que el gobierno ha empleado los recursos que toma por medio de impuestos.
En relación con la administración pública se publican extensos reportajes sobre la cantidad de iniciativas de ley que aprobó el Congreso de la República, muchos datos sobre problemas sociales como la violencia, la desnutrición, entre otros; se determina si la Superintendencia de Administración Tributaria alcanzó la meta que se trazó y se analizan los niveles de ejecución del gasto público para medir la eficiencia en la gestión.
Hace unos días en el medio Plaza Pública se publicó un reportaje sobre la distribución de alimentos por parte del gobierno en los programas relacionados con el apoyo económico para las familias más afectadas por la pandemia. Se indica que los Ministerios de Desarrollo Social y de Agricultura debían entregar un millón de raciones de alimentos en todo el país, sin embargo hasta finales de octubre sólo habían entregado el 13.3%, luego de cinco meses. La incapacidad para hacer llegar las bolsas con la ayuda a las familias que más lo necesitaron en los momentos más críticos de la crisis económica es un claro indicador de la ineficiencia del Estado, lo que ha provocado que varios sectores de distintas ideologías coincidan en que el Ministerio de Desarrollo Social debe desaparecer.
Esta situación retrata la precariedad de la gestión institucional en Guatemala, si el gobierno no ha sido capaz distribuir eficientemente unas bolsas con alimentos en varios meses, no se puede esperar situaciones complejas como la competencia por obtener las vacunas o la preparación logística para su distribución, se realicen en forma celera con la urgencia que apremia al planeta entero. Hemos visto como los pares de los gobiernos mexicano y costarricense superaron a nuestro país en este aspecto como en muchos otros indicadores sociales.
¿Cómo pretende el gobierno que incremente la mal llamada moral tributaria si la gestión reporta estos resultados tan negativos? ¿Con esta escasa legitimidad promovieron la aprobación del presupuesto más abultado de nuestra historia? ¿Así aprobaron cantidades de deuda sin precedentes? Muchas entidades del Estado ejecutan su presupuesto solo parcialmente y otros reportan mejores números, pero en la realidad no se traduce en un incremento en el nivel de bienestar de los guatemaltecos que más lo necesitan. No se pueden seguir dilapidando los valiosos recursos de los ciudadanos, colocando millones de quetzales que debieron servir para dignificar agentes de policía, reconstruir buena parte de la infraestructura que se dañó por las inclemencias del tiempo o remozar decenas de escuelas.
Este fin de año es propicio que quienes conducen la gestión pública en nuestro país pongan las barbas en remojo, evalúen los resultados de su trabajo y tomen conciencia de su capacidad real para prestar los servicios y bienes públicos que deben llegar a la población. Este proceso debe encaminar ajustes en la estructura del Estado para suprimir o reducir el tamaño de instituciones que han dado muestras de su ineficiencia y con ello, aprovechar cada quetzal que los guatemaltecos tributan.
Este artículo fue publicado originalmente el 28 de diciembre de 2020 en el Diario La Hora. La imagen que ilustra esta entrada es de Josh Appel y fue tomada de Unsplash.