El abogado Julio Roberto García-Merlos participó en el evento virtual Proceso de designación de la Corte de Constitucionalidad: estándares y responsabilidad organizado por la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA), Movimiento Pro Justicia y Guatemala Visible. La actividad se realizó en las instalaciones del Hotel Westin Camino Real pero dada las restricciones sanitarias no contó con público presencial, sino que se transmitió por medio de la plataforma Zoom y por Facebook Live.

El profesor Julio García-Merlos durante su alocución inicial en el evento.

Ponencia del licenciado Julio García-Merlos

Muy buenos días, quiero agradecer a los organizadores del evento por esta invitación para discutir un tema de tanta trascendencia para nuestro país. Honrado de compartir este panel con la Licenciada Soberanis, la licenciada Zelaya y el licenciado Aizenstatd.

La situación que atraviesa nuestro país nos obliga a centrar nuestra atención en la futura elección de magistrados a la Corte de Constitucionalidad. Vivimos una crisis caracterizada por la polarización social y la desidia de la clase política. Sin embargo, esta elección constituye una oportunidad de converger en una causa común: elegir magistrados íntegros que ejerzan su función con imparcialidad e independencia.

La Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 270 establece como requisitos para ser magistrado de la Corte Constitucionalidad ser guatemalteco de origen, de reconocida honorabilidad y abogado colegiado activo con más de quince años de graduación profesional. El artículo 113 de la Carta Magna refiere que para el otorgamiento de cargos públicos se atenderá a razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez. Estos requisitos son básicos y se complementan con lo que señala el artículo 152 de la Ley de Amparo al referir que los magistrados deberán ser escogidos preferentemente entre personas con experiencia en la función o administración pública, magistraturas, ejercicio profesional y docencia universitaria según sea el órgano que los designe.

Estos requisitos legales, por lo general se cumplen formalmente, sin embargo, no han sido suficientes para garantizar la calidad de las sentencias ni para evitar la arbitrariedad. De esa cuenta se han esbozado por distintas instancias y sectores, perfiles como herramientas que ayudan a la elección de magistrados. Me voy a referir a 3 categorías que estos perfiles debiesen contener:

1) Capacidad jurídica o competencia profesional
2) Calidad ética o moral
3) Capacidad para juzgar

Capacidad jurídica o competencia profesional

En este rubro se evalúan los conocimientos del abogado y por lo general se trata de una evaluación objetiva, en el sentido que se fijan parámetros como estudios de posgrado, docencia universitaria, publicaciones o ensayos. En algunos países se hacen exámenes de conocimientos jurídicos ya que la hoja de vida no necesariamente garantiza la competencia del profesional.

Calidad ética o moral

Estas cualidades se verifican mediante el escrutinio público, dando la oportunidad a la ciudadanía para que se pronuncie sobre el pasado de los candidatos y su conducta en la sociedad. El aspirante puede también acreditar los reconocimientos que en su ejercicio profesional ha tenido, con los cuales se demuestre su integridad.

Capacidad para juzgar

Sobre esta categoría quiero enfatizar, ya que sobre las otras dos se habla con más regularidad. La capacidad de juzgar es la cualidad principal que un magistrado debe tener, esa capacidad de poder analizar y estructurar los argumentos y pretensiones de las partes, valorar prueba y acreditar los hechos, para finalmente dictar una sentencia aplicando la ley con metodología y razonamiento.

Para evaluar esta capacidad es necesario analizar las resoluciones de aquellos que han sido jueces. Es muy fácil evaluar a un juez por medio de sus sentencias y algo sumamente importante es que se puede evaluar la consistencia de sus resoluciones. En su trabajo como Juez se reflejará si situaciones similares las resuelve de la misma manera o si, por el contrario, hay decisiones arbitrarias o volátiles. Para aquellos candidatos que han ejercido la profesión en forma liberal, esta capacidad se puede examinar revisando sus publicaciones, los juicios de acceso público que hayan asesorado, sus dictámenes o resoluciones, si es que han participado como integrantes de tribunales arbitrales u órganos de similar naturaleza.

Nos hemos enfocado demasiado en la evaluación objetiva y en las tachas de los candidatos, sin embargo, es importante que estas tres categorías se utilicen conjuntamente
ya que la competencia profesional no garantiza que los electos sean éticos, independientes e imparciales.