En este país se acumula un problema sobre otro y la impunidad sigue siendo la regla.

Hace algunos días trascendió la noticia sobre que un grupo de invasores pretende adueñarse de las áreas verdes en la Colonia Nimajuyú en la zona 21; estas personas se organizan para tomar propiedades públicas o privadas en áreas urbanas, adueñarse, construir y luego vender para obtener ganancias mediante estas apropiaciones ilegítimas.

La situación escaló a niveles alarmantes. Estos grupos trataron de derribar el muro perimetral de la colonia y hubo un enfrentamiento serio con los vecinos en el que uno falleció y varios resultaron heridos de bala. Ante la incapacidad de nuestras autoridades, los vecinos se organizaron para proteger las áreas verdes, incluso con costos humanos, crímenes que ojalá no queden impunes, ni en el olvido.

Lamentablemente, el nivel de respeto a los derechos de propiedad en Guatemala sigue siendo precario. De acuerdo con el Índice de Libertad Económica que publica en forma anual la Heritage Foundation, nuestro país recibe una calificación de 43.2 sobre 100 en materia de garantía de este derecho, cuyo respeto es fundamental para el desarrollo económico de una nación y constituye un pilar de la convivencia pacífica, de la armonía social.

Esta situación que sucede en la parte central del país pasa a mediana y gran escala en el interior de la república; otros grupos organizados toman control de propiedades agrícolas en forma ilegal, se apropian de cultivos y afectan a los legítimos propietarios en áreas rurales. La situación es equivalente, por eso extraña el silencio de aquellos que apoyan movimientos ecologistas ¿por qué quienes pusieron el grito en el cielo por el proyecto de ampliación de Ciudad Cayalá no han salido con la misma fuerza a condenar estas invasiones ilegítimas? ¿Es mucho pedir un poco de coherencia? Cuando se trata de la forma en la que se dispone de propiedad privada, gustan de intervenir, opinar y protestar, pero cuando la situación es un problema público no parece despertar pasiones entre estos ciudadanos, ni tampoco entre los líderes políticos que les respaldan o apoyan.

Bien decía Murray Rothbard que el delincuente no tiene derecho natural a conservar la propiedad de lo que se apropia; al agresor no le asiste el derecho de reclamar propiedad alguna sobre lo que ha conseguido mediante agresión, por tanto, tenemos que modificar o mejor dicho, clarificar la norma básica de toda sociedad liberal (y civilizada, agrego yo): nadie tiene derecho a agredir la propiedad justa o legítima de otro. No se puede apropiar de lo que no le corresponde.

Espero que la Municipalidad de Guatemala en forma conjunta con el Ministerio de Gobernación y el Ministerio Público puedan solucionar esta situación y hacer prevalecer el Estado de derecho, que se deduzca la responsabilidad penal a quienes corresponda y que las familias que habitan la Colonia Nimajuyú puedan seguir utilizando las áreas verdes de las que han dispuesto para sano esparcimiento desde hace décadas.

Este artículo fue publicado originalmente el 8 de marzo de 2021 en el Diario La Hora. La foto que ilustra la entrada fue tomada por José Orozco del Diario La Hora.