Julio García-Merlos
Twitter @jgarciamerlos

Esta semana varios medios de comunicación importantes publicaron reflexiones sobre los paquetes de cooperación internacional que aprobó el Congreso de los Estados Unidos, ahora en la administración de Joe Biden. En estas se resalta que los políticos norteamericanos -tanto del Ejecutivo como del Congreso- no están contentos con ninguna de las administraciones de nuestros países. Perciben que el dinero que proviene de los bolsillos de los ciudadanos estadounidenses va a ir a parar en saco roto, no los culpo por esa percepción.

La nueva administración demócrata anunció que destinará $4 millardos en ayuda para los países del triángulo norte centroamericano: Guatemala, El Salvador y Honduras; sin embargo, ahora indican que restringirán esa ayuda y que ni un centavo va a ir a parar a manos de los gobiernos de la región. Se equivoca el gobierno norteamericano al pensar que, con ese dinero, administrado por el ineficiente gobierno o por terceros (acostumbrados a sacar rédito de la cooperación), se va a solucionar los problemas estructurales que incentivan la migración y permiten el narcotráfico.

Lo que realmente necesitan nuestros países es inversión de carácter privado, que se generen empleos suficientes, oportunidades para que nuestros connacionales no tengan que abandonar el país en busca de la realización de sus planes de vida en el norte. Un elemento esencial para la atracción de inversión es la certeza jurídica, cosa extraña en nuestro país, sobre todo en los últimos cinco años, período en el que la actual magistratura de la Corte de Constitucionalidad ha emitido resoluciones que generaron un clima de desconfianza para los inversionistas. Lamentablemente, en Guatemala no se respetan los derechos de propiedad de las empresas que se dedican a los sectores agrícola y forestal, se detienen los proyectos productivos en materia de generación de energía renovable. De la minería, ni hablar sobre los miles de empleos directos e indirectos que destruyeron con unos cuantos plumazos.

Este país necesita que empresas serias con políticas de compliance anticorrupción inviertan, apuesten por el país y decidan quedarse, pero en lugar de eso, parece que nuestra institucionalidad se concentra en ahuyentarlas hacia otras economías emergentes. En las comunidades más alejadas del centro del país, el tejido social carece de organizaciones empresariales sólidas o de institucionalidad pública robusta, el lugar que estas deben ocupar es tomado por organizaciones vinculadas con el crimen organizado, se convierten en empleadores y brindan servicios, situación que les granjea la protección de la población cuando las fuerzas de seguridad pretenden arremeter contra ellos.

La inversión privada puede ser el antídoto para los dos enormes problemas que preocupan a los funcionarios en Washington. Donde hay inversión privada, hay empleo y la gente no tiene incentivos suficientes para emprender una travesía migratoria peligrosa. Donde hay mayores niveles de inversión privada, se requiere una infraestructura institucional y de servicios públicos, que desincentivan a los narcotraficantes de operar en esas zonas. Quizás se debe cambiar el enfoque… perhaps investment and trade are better than aid.

Este artículo fue publicado originalmente el 15 de marzo de 2021 en el Diario La Hora. La foto que ilustra la entrada es de Precondo CA y fue tomada de la plataforma Unsplash.